Además, el juez instructor envía también a juicio a un empleado de la Secretaría de Estado del Vaticano, Claudio Sciarpelletti, para responder por el delito de encubrimiento, aunque, según la sentencia, no procede la acusación por delito de violación de la confidencialidad ni por delito de complicidad en el delito de robo agravado "por insuficiencia de pruebas".  

  Concretamente, la sentencia revela que, según se lee en el acta de interrogatorio y detención de los acusados, se encontró en un cajón de escritorio de la oficina de Sciarpelletti "un sobre de tamaño mediano color blanco, cerrado" en el que se leía "Personal P. Gabriel" y "con el sello azul de la  "Secretaría de Estado. Oficina de Información y documentación". Según se señala, se incautaron documentos que aparecían en el libro editado por Gianluigi Nuzzi "Su Santidad. Los papeles secretos de Benedicto XVI", especialmente en el capítulo titulado "Napoleón en el Vaticano".  

  En esta línea, se explica que Sciarpelletti ha ofrecido "versiones contradictorias" durante los interrogatorios y que ha mantenido una actitud "variable y fluctuante" sobre su relación con el exmayordomo del Papa.

   En cuanto a Gabriele, el juez apunta que, durante el registro, se encontraron en su casa tres objetos "que no le pertenecen": Un cheque bancario por valor de 100.000 euros a nombre del Papa con fecha de 26 de marzo de 2012 proveniente de la Universidad Católica San Antonio de Guadalupe; una pepita supuestamente de oro dirigida al Pontífice de parte del director del ARU Lima (Perú), Guido del Castillo; y una cincuecentina de La Eneida, traducida por Annibal Caro, un regalo para el Papa de la "Familia de Pomezia".

   Paolo Gabriele fue arrestado por la filtración de cartas confidenciales del Papa el 23 de mayo y permaneció 60 días en una celda de seguridad de la gendarmería vaticana, periodo durante el cual se llevó a cabo la investigación formal. El pasado 21 de julio obtuvo el arresto domiciliario y, desde entonces, se encuentra en su casa dentro de la Ciudad del Vaticano con su esposa y sus tres hijos.  

  El abogado de Gabriele, Carlo Fusco ha destacado siempre que su cliente "sufre y está arrepentido" y ha insistido en que "quería ayudar al Papa" y que "se ha equivocado con buena fe". Además, precisó que había hecho "todo solo".  

  Según declaró Fusco, el propio Gabriele también habría enviado una carta a Benedicto XVI para expresarle su "dolor y arrepentimiento" por la filtración de cartas confidenciales en la que además "admite sus errores, pide perdón" y afirma "no haber tenido cómplices".

   A finales de abril, Benedicto XVI creó una comisión cardenalicia, en la que puso al frente al cardenal español Julián Herranz, para la investigación de la revelación de documentos bajo secreto de oficio en televisión, periódicos y otros medios de comunicación italianos. En el futuro juicio, Gabriele podría ser condenado a seis años de cárcel.