"El economista Guido Mantega ha renunciado al cargo de presidente y miembro de nuestro Consejo de Administración", ha anunciado la compañía pública en un escueto comunicado difundido a través de las redes sociales.

   Petrobras ha informado de que el Consejo de Administración ha decidido remplazar a Mantega con Luciano Galvao Coutinho, que hasta ahora ejercía de consejero delegado, cargo que compaginaba con la Presidencia del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

   No obstante, el mandato de Coutinho será interino, ya que debe ser ratificado en la próxima junta general de accionistas, conforme al estatuto social de Petrobras y a la legislación brasileña.

   Petrobras está siendo investigada por la supuesta existencia de una trama corrupta de concesión de contratos públicos a cambio del pago de sobornos, dinero que habría beneficiado a numerosos políticos, también del gobernante Partido de los Trabajadores.

Fraude fiscal multimillonario en el Ministerio

de Finanzas

   Las autoridades brasileñas han informado este jueves del hallazgo de una trama de fraude fiscal en el Ministerio de Finanzas, que podría haber costado unos 19.000 millones de reales (5.500 millones de euros) a los contribuyentes.

   El inspector de la Policía Federal Marlon Cajado ha explicado que varias empresas sobornaron a miembros del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), un organismo del Ministerio que estudia los recursos por disputas impositivas. El objetivo de esos sobornos habría sido obtener dictámenes favorables que reducían o condonaban las cantidades adeudadas al fisco.

   La Policía ha informado de que está investigando a 70 compañías, de las que no ha dado nombres. También están inspeccionando a miembros de la agencia de recursos, consultores fiscales y agobados sospechosos de actuar como intermediarios en los sobornos.

   Este jueves por la mañana, la Policía ha irrumpido en las oficinas del CARF en Brasilia y en las casas y despachos de consultores y abogados acusados, tanto en Brasilia como en los estados de Sao Paulo y Ceará. Se han incautado documentos y 1,3 millones de reales (unos 400.000 euros), pero no ha habido arrestos, según ha informado Cajado.

   Hasta el momento, los expertos han detectado decisiones sospechosas que costaron al Estado 5.000 millones de reales (unos 1.500 millones de euros) por evasión fiscal, y están analizando otros casos que podrían elevar el total a 19.000 millones de reales, según un comunicado de la agencia impositiva.

HASTA 50 AÑOS DE PRISIÓN

   El inspector ha asegurado que compañías industriales, agrícolas, de ingeniería civil y bancos pagaron sobornos de hasta el 10 por ciento para "manipular" los dictámenes en disputas por casos que implicaban entre 1.000 y 3.000 millones de reales (entre 300 y 900 millones de euros) en impuestos adeudados. Los sospechosos se enfrentan a cargos por tráfico de influencias, corrupción, conspiración criminal y lavado de dinero, castigados con penas de hasta 50 años de prisión.

   Los casos llegaron a la oficina entre 2005 y 2013, mucho antes de que el actual ministro de Hacienda, Joaquim Levy, asumiera el cargo. Aunque Levy no será responsabilizado, el caso podría empeorar el clima político en un momento en que la popularidad del Gobierno de la presidenta, Dilma Rousseff, se ha hundido, a causa del estancamiento de la economía y del escándalo de la compañía estatal Petróleo Brasileiro SA (Petrobras), un caso de corrupción multimillonario que ha agitado la situación política y la frágil economía del país.

   "Nubla más la atmósfera", ha manifestado un funcionario del Ministerio de Finanzas que ha pedido permanecer en el anonimato ante la sensibilidad del asunto, y ha añadido: "Nuestra única alternativa es combatir la corrupción".