El Banco de España señala en su memoria anual correspondiente a 2012 que el riesgo de que el paro de larga duración se haga "crónico" es "muy preocupante", y propone explorar la posibilidad de contratar con carácter "excepcional" por debajo de salario mínimo interprofesional (SMI) --situado en 645,30 euros al mes-- a trabajadores "con mayores dificultades para su empleabilidad".

   Así, señala que tras cinco años de destrucción de empleo, la tasa de paro ha alcanzado "tasas inaceptables y el riesgo de que las situaciones de desempleo de larga duración se hagan crónicas es muy preocupante, máxime si se considera la elevada incidencia de los jóvenes y de la población con baja cualificación en este colectivo".

   Dicho esto, aunque cree que los resultados de la reforma laboral a la hora de frenar el desempleo son "esperanzadores", considera que "no son todavía suficientes" en el caso de la contratación, "aunque probablemente ésta sea una de las áreas en las que las medidas necesitan tiempo para desplegar todos sus efectos".

   "La gravedad de la situación por la que atraviesa el mercado laboral aconseja mantener y profundizar el impulso reformador mediante la adopción de medidas adicionales que promuevan la creación de empleo a corto plazo y faciliten la flexibilidad de los salarios", añade.

   Para ello, apuesta por "explorar mecanismos excepcionales para evitar que el salario mínimo actúe como una restricción para grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades para su empleabilidad".

   Además, plantea "establecer nuevas fórmulas que permitan, en casos especiales, la desviación temporal respecto a las condiciones establecidas en la negociación colectiva", así como "asegurar que la reducción del alcance de las cláusulas de indexación salarial no revierta en fases de crecimiento económico".

ADELANTAR EL AUMENTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN.

   En materia de pensiones, el Banco de España cree que garantizar cuanto antes la sostenibilidad del sistema aportaría gran certidumbre sobre la voluntad reformista de España, sin tener impacto sobre las condiciones laborales y sociales actuales.

   Por ello, recalca que es preciso diseñar "como está previsto" en el Plan Nacional de Reformas un factor de sostenibilidad "que posibilite modificaciones automáticas de los parámetros del sistema que permitan garantizar su sostenibilidad en el medio y largo plazo".

   Más aún, en línea con las recomendaciones de Bruselas, dice que "sería aconsejable anticipar la entrada en vigor del retraso en la edad de jubilación (hasta los 67 años) y del alargamiento del período de cálculo de la base reguladora (de los 15 a los 25 años)", dado que, desde la entrada en vigor de la reforma de las pensiones de 2011, "el problema se ha intensificado" y "los plazos acordados resultan muy dilatados".

HORIZONTE PRESUPUESTARIO DE MEDIO PLAZO.

   También para salvaguardar la confianza en la economía española ante la "fuerte sensibilidad" presente aún en los mercados, el Banco de España propone establecer "un horizonte presupuestario de medio plazo que proporcione suficiente detalle sobre las medidas necesarias que, con carácter permanente, permitan culminar el proceso de consolidación fiscal".

   Estas medidas, deberían basarse, a su juicio, en una revisión "en profundidad" de la dimensión del sector público, de los distintos programas de gasto y del sistema impositivo.

   En cuanto a posibles medidas de reactivación económica, el banco estima que "las condiciones financieras continúan siendo muy estrictas"  y que "no existe margen de maniobra significativo para el recurso a las políticas macroeconómicas de estímulo de la demanda".

   "Corresponde a las políticas de oferta y de reforma estructural desempeñar un papel determinante en la recuperación de la confianza interna y externa y en el impulso del crecimiento a medio y largo plazo, que permitan aliviar los efectos a corto plazo de los procesos de

ajuste", añade.

NO DEMORAR MÁS LA CONSOLIDACIÓN FISCAL.

   En cuanto a la consolidación fiscal, el Banco de España urge a no demorarlo. Así, señala que la estrategia de ajuste fiscal debe tener en cuenta "no sólo la evolución de la actividad económica, sino también los costes de retrasar excesivamente la consolidación en términos de riesgos para la credibilidad y su impacto sobre la confianza de los agentes".

   No obstante, asegura que la reducción del déficit público nominal en 2012, hasta el 7%, "no refleja adecuadamente el esfuerzo de consolidación efectuado". Por ello, propone tener en cuenta el déficit estructural, corregido del impacto del ciclo económico y del efecto de los cambios en la carga de intereses o de las ayudas a la banca.

   De acuerdo con esta medida, asegura que el esfuerzo fiscal habría superado los 6 puntos del PIB entre 2009 y 2012, lo que contrasta con la reducción nominal de sólo 0,5 puntos porcentuales del PIB en el mismo periodo.