El caso se refiere a los de dos ciudadanos italiano y griego que viven en otro Estado miembro distinto del suyo, al que las autoridades nacionales de Reino Unido y Alemania, respectivamente, trataron de expulsar tras ser condenados por delitos de homicidio y un atraco a una sala de juegos recreativos y cuya expulsión recurrieron ante la justicia británica y alemana, que han consultado el caso a su vez al Tribunal europeo con sede en Luxemburgo.

Las normas europeas sobre derecho de circulación y residencia prevén el derecho de residencia permanente para los ciudadanos europeos que han vivido legalmente en otro Estado miembro durante cinco años ininterrumpidos y dicho derecho impide su expulsión salvo que el país de acogida lo justifique "por motivos graves de orden público o seguridad pública".

En particular, el titular del derecho de residencia permanente está protegido contra la expulsión aunque constituya una carga para el sistema de seguridad social del Estado miembro de acogida.

En sus conclusiones generales publicadas este martes, que no vinculan al Tribunal de Justicia de la UE aunque suele seguirlas en la mayoría de los casos, el abogado general considera que el Tribunal europeo debe responder que la adquisición de un derecho de residencia permanente constituye un requisito previo para poder beneficiarse de la protección reforzada frente a la expulsión.

Tampoco se podrá expulsar a un ciudadano de la UE que haya residido en otro país del bloque durante los diez años anteriores a una decisión de expulsión, salvo que lo justifiquen motivos imperiosos de seguridad pública definidos por el país de acogida.

En el periodo de 10 años, en principio ininterrumpido, sí puede incluir periodos de ausencia o de estancia en prisión siempre que no se rompan los vínculos de integración con el país de acogida, interrumpiendo la residencia, algo que se debe evaluar "globalmente" y teniendo en cuenta "todos los aspectos de cada caso concreto" y no se puede apreciar el alcance de su integración exclusivamente por los criterios de establecimiento duradero en el país de acogida y la inexistencia de todo vínculo con el país de origen.

El abogado general precisa que una prohibición total de ausencia durante los diez años sería contrario al principio de libre circulación de personas en la UE y aclara que "no está justificado" no incluir los periodos de privación de libertad.

La Eurocámara recomienda introducir

programas de renta mínima en todos los

países de la UE

El pleno del Parlamento Europeo ha recomendado a los países del bloque comunitario introducir o reforzar programas de renta mínima, al entender que es "una de las maneras más efectivas" para sacar a la población de la pobreza y de la exclusión socia.

Esta resolución no legislativa ha sido adoptada con 451 votos a favor, 147 en contra y 42 abstenciones y remarca que, aunque la mayoría de los socios europeos ya poseen esquemas de renta mínima, no todos otorgan en apoyo adecuado para las personas que se encuentran en situación de necesidad.

Por eso, los eurodiputados han urgido a las capitales a introducir sistemas de renta mínima "adecuados" y a fortalecer los que ya existen. Además han recomendado que estos esquemas utilicen el umbral para establecer el riesgo de pobreza de Eurostat y otros indicadores para aumentar su eficiencia.

Del mismo modo, han apostado por mejorar la sostenibilidad de los planes de renta mínima para ajustarse mejor a las personas más vulnerables, revisar las condiciones para garantizar que cubren a toda la población con necesidades y revertir la baja tasa de acogida entre ciudadanos elegibles aumentando la concienciación

La Eurocámara ha resaltado además que los esquemas de renta mínima deben combinar apoyo financiero con un acceso más fácil a servicios públicos como sanidad, educación y formación. Además, se debe facilitar el acceso al mercado de trabajo a aquellos que están en edad de trabajar, porque es "el mejor modo de combatir la pobreza".

Por último, los eurodiputados han enfatizado la necesidad de adaptar los esquemas actuales de renta mínima para mejorar la gestión en los Estados miembros del desempleo juvenil.

Casi 120 millones de personas se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión social en la UE, según datos correspondientes a 2015. La población infantil, las mujeres, los desempleados, los hogares monoparentales y las personas con discapacidad son los grupos más vulnerables a este fenómeno.