Carvajal tiene varias causas pendientes en Estados Unidos por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas a nivel internacional, una trama en la que se habría servido de las posiciones de poder que ocupó dentro del Gobierno de Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado norteamericano ha explicado que, desde que inició el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) en 1986, ya ha pagado más de 130 millones de dólares en recompensas para lograr detenciones de narcotraficantes, por lo que confía en que pueda surtir efecto el llamamiento en el caso de Carvajal.

A un nivel más amplio, Washington, que no reconoce la legitimidad de Maduro como presidente, ha reiterado que "el pueblo venezolano merece un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades de la gente y que no traicione la confianza al condonar o emplear a funcionarios públicos que se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes".

"Estados Unidos está comprometido a ayudar al pueblo venezolano a restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas que les proporcionarán un liderazgo nacional honesto y competente", ha añadido el Ministerio que encabeza Antony Blinken en un comunicado.

EL CASO DE CARVAJAL

Carvajal dirigió durante ocho años la Dirección de Contrainteligencia militar de Venezuela, cargo al que llegó cuando Hugo Chávez aún era presidente. Estados Unidos le reclama por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019 cuando presuntamente pertenecía al llamado 'Cártel de los Soles', dedicado al transporte de cargamentos de droga.

El Gobierno español dio el visto bueno definitivo a su entrega al país norteamericano en marzo de 2020, aunque para entonces ya llevaba varios meses en paradero desconocido.

Carvajal ha reaparecido hace tan solo unos días, con un comunicado publicado en redes sociales y en el que denuncia "graves irregularidades" tanto por parte del Gobierno como de la Audiencia Nacional en su proceso de extradición. Así, declaró que pasó a la "clandestinidad" buscando "justicia y resguardo de una implacable persecución política".

A pesar de todas las "irregularidades" que alega, ha depositado su confianza en "lo más alto del Estado de Derecho español". En concreto, en el Tribunal Supremo, donde su defensa presentó un recurso el año pasado, "el cual debería ser resuelto próximamente".