"El día de hoy, un grupo de expresidentes, cerca de 28, que somos miembros del Grupo Libertad y Democracia y del Grupo IDEA, hemos enviado una comunicación a varias organizaciones y organismos del sistema interamericano y también de la Organización de Naciones Unidas pidiendo la atención y la acción frente a todas las irregularidades que se han presentado en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Por supuesto, también estamos mostrando cómo muchas de esas irregularidades van en contravía de tratados internacionales que protegen y tutelan los derechos humanos", ha manifestado Duque, firmante de un comunicado conjunto publicado en sus redes sociales.

En la nota se denuncia la "interceptación ilegal de comunicaciones privadas", "filtraciones selectivas a medios de comunicación", "sustento en testimonios no confiables" y un "cambio intempestivo en la postura de la Fiscalía General de la Nación", entre otras de las presuntas "anomalías procesales" cometidas en el procedimiento judicial que ha culminado con una condena a 12 años de arresto domiciliario para Uribe.

Así las cosas, Duque y el resto de signatarios reclaman que "se ampare el derecho fundamental, interamericano y humano al debido proceso y a la debida defensa; se active el monitoreo internacional del proceso pertinente (...); se impongan medidas de protección, de conformidad con los mandatos internacionales en materia de derechos humanos; y se solicite al Estado colombiano información detallada, inmediata y completa sobre los estándares procesales aplicados y los correctivos implementados para garantizar un juicio justo", continúa el escrito.

El objetivo de este reclamo, insisten, no es otro que "denunciar un patrón histórico estructural previo" de la Justicia colombiana cuyos efectos han dado lugar a una condena que "exige una atención oportuna desde los órganos internacionales", a los que "respetuosamente" han solicitado que concedan al caso "la total prioridad que amerita" para evitar que se consolide como un precedente contrario a los sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos.

Esta petición llega después de que una jueza de Bogotá haya anunciado este viernes la condena a doce años de arresto domiciliario al expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010), tras ser declarado culpable esta misma semana por soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal, si bien fue absuelto de un cargo de soborno simple, en el marco de un caso que se remonta a 2012.

El caso comenzó en 2012 cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.

Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones indicaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.