La medida, que suspende las concesiones de estatus de refugiado e impone una moratoria provisional a la entrada de ciudadanos de Irán, Irak, Siria, Yemen, Sudán, Somalia y Libia, provocó que cerca de una treintena de pasajeros fueran detenidos o enviados de vuelta a sus países de origen este mismo sábado desde cuatro aeropuertos estadounidenses.

"El presidente de Estados Unidos ha nombrado a Dana Boente, actual fiscal del distrito este del estado de Virginia, como fiscal general en funciones", ha anunciado el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, a través de un comentario publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

"Sally Yates ha sido relevada", ha concluido. En un comunicado más extenso enviado a varios medios de comunicación, la Casa Blanca ha acusado a Yates de "traicionado" al Departamento de Justicia "al negarse a adoptar una orden designada para proteger a los ciudadanos estadounidenses".

Washington ha acusado a la ahora ex fiscal general de ser una mujer designada por el expresidente Barack Obama, "débil en materia fronteriza y en política migratoria".

"Ya es hora de ponerse serios a la hora de proteger a nuestro país", ha indicado el comunicado, señalando que las medidas que vetan la entrada a Estados Unidos de determinados individuos procedentes de "siete peligrosos lugares" no es una medida "extrema".

"Es razonable y necesario proteger nuestro país", ha añadido la Casa Blanca. Así, desde la Presidencia han indicado que Yates ha quedado relegada de sus cargos y sustituida por Boente como fiscal general en funciones hasta que el Senado confirme finalmente al hombre que designó para este papel, Jeff Sessions.

En este sentido, la Casa Blanca ha acusado al Partido Demócrata de estar bloqueando deliberadamente el nombramiento de Sessions por "razones estrictamente políticas".

Boente, por su parte, ha expresado su "honor" al haber sido designada por Trump para ejercer el papel de fiscal general hasta la confirmación de Sessions. "Defenderé y protegeré las leyes de nuestro país para asegurar que nuestro pueblo y nuestra nación están protegidos", ha señalado.

CARTA DE YATES

Yates, en una carta --con fecha del 27 de enero, el mismo día que se firmó la orden ejecutiva-- enviada al Departamento de Justicia, ha recordado que desde su cargo, que hasta ahora ejercía en funciones, es su "responsabilidad" determinar la posición de este departamento ante este tipo de órdenes.

"Mi responsabilidad es asegurarme de que la posición del Departamento de Justicia es, no sólo legalmente defendible, sino también informada desde nuestro mejor punto de vista acerca de lo que la legislación considera los hechos", ha explicado la fiscal en la misiva, recogida por varios medios de comunicación estadounidenses.

"Asimismo, soy responsable de asegurarme de que la posición que tomamos ante los tribunales es consistente con la solemne obligación de esta institución de buscar siempre la justicia y apoyar lo que es correcto", ha continuado.

En este contexto, Yates ha indicado que no está "convencida" de que "la defensa de esta orden ejecutiva sea consistente con esas responsabilidades", ni tampoco de que la orden sea "legal".

"Consecuentemente con esto, mientras siga siendo la fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, a no ser que y hasta que esté convencida de que deba hacerlo", ha concluido la fisca