Los resultados catalanes del 27-S fueron acogidos con cierto alivio: el bloque independentista quedaba por debajo del 50% de los votos; Junts pel Sí, condenado a problemáticas negociaciones con la CUP. Pero el alivio se vuelve alarma cuando se comprueban las respuestas de la clase política al relativo revés de los separatistas.

En lugar de aprovechar las dificultades del enemigo para adelantar posiciones en el frente, la izquierda y parte de la derecha (de Pedro Sánchez a Borrell, de Felipe González a Margallo) proponen árnica al derrotado y rendición preventiva: la "tercera vía", la reforma constitucional (de signo confederal, por supuesto), el "diálogo"?

Tales reacciones confirman la vigencia de un marco mental que nos ha paralizado desde la Transición. El marco incluye el reconocimiento de la legitimidad del nacionalismo (que tendría al menos parte de razón) y de los mágicos "hechos diferenciales" que justificarían su demanda de más y más autogobierno: la interiorización del relato histórico del que se alimenta (España como opresora de vascos y catalanes).

La convicción, en definitiva, de que se les debe algo. Comenzamos a pagar la supuesta deuda en 1978, con un sistema autonómico que no solicitaban las demás regiones y que se ha revelado a la postre ruinoso. Se continuó con el mantenimiento en País Vasco y Navarra de un cupo fiscal privilegiado; la pasividad frente a una regulación lingüística que convertía a los hispano-hablantes de Cataluña en ciudadanos de segunda; la no aplicación de sentencias de los tribunales Supremo y Constitucional; la financiación pública de un formidable aparato educativo-mediático dedicado a "hacer país" e inculcar la mitología separatista?

El Estado encadenó las claudicaciones, al parecer con la esperanza de que cada vez sería la última. La creencia en la apaciguabilidad de los nacionalismos (con una concesión más, se "sentirán cómodos" por fin) es otro dogma del acomplejado marco mental que heredamos de la Transición. Un marco del que los dialogantes terceraviarios siguen prisioneros.

Existe el riesgo de que el gobierno que surja de las elecciones de diciembre -especialmente, si incluye al PSOE- realice, con el pretexto de evitar el choque de trenes con una Generalidad echada al monte, nuevas concesiones, que comprometerían definitivamente la supervivencia de España. Si se convierte al Senado en cámara de representación territorial, concediendo veto a las CC.AA. en ciertas materias, se estará transfiriendo la soberanía a las autonomías.

Si se extiende a Cataluña el "cupo vasco", el resto de España no sería fiscalmente sostenible (Madrid no podría asumir solo el peso de la solidaridad interregional). Si se reconoce en la Constitución la "nación catalana", se estará negando la existencia de la española. No pueden superponerse dos naciones sobre el mismo territorio: si Cataluña es una nación, España no lo es. "Nación de naciones" es un concepto imposible, como "círculo cuadrado".

Y, por supuesto, ninguna de esas cesiones contentará definitivamente a los nacionalistas. Servirían quizás para ganar algunos años, hasta que el constante adoctrinamiento eleve el porcentaje de separatistas desde el 48% al 60% o 70%. Un adoctrinamiento que se haría irreversible con el blindaje constitucional de las competencias lingüísticas y educativas.

Sólo podremos salir del marasmo si cambiamos el chip "apaciguar al nacionalismo" por el de "derrotarlo". No, el nacionalismo no tiene razón: ni siquiera un poco. Es una antigualla casposa, una doctrina decimonónica racista y mezquina. Debe ser combatido simbólica, política y culturalmente. A la historia mitológica de los separatistas es preciso contraponerle la verdadera historia de España: una gran nación occidental que se formó por incorporación pacífica y recíprocamente enriquecedora de sucesivos territorios. Una democracia liberal incompatible con terruñismos neofeudales y cutreces indigenistas.

Por supuesto, la victoria intelectual sobre los nacionalismos no será viable mientras las competencias educativas sigan en sus manos. La clase política, en lugar de cocinar el enésimo ?appeasement? de los herederos de Arana y Prat de la Riba, debería estar pensando cómo vencerles democráticamente. Sí, hace falta una reforma constitucional: pero de signo exactamente inverso a la que todo el mundo da por supuesto. Necesitamos más España, no menos.