En una reunión extraordinaria a última hora del martes, el Consejo de Estado examinó la denuncia de los organizadores contra la decisión del alcalde del distrito de Saint-Josse-ten-Noode, Emir Kir, de enviar a la Policía el martes al lugar de la reunión para impedir que se celebrara cuando ya llevaba varias horas en marcha.

La ciudad de Bruselas está dividida en 19 distritos o "comunas" con competencias y alcaldes propios, lo que llevó a los organizadores a buscar distintas ubicaciones para su convención anual cuando les fue denegado el permiso sucesivamente en otros dos distritos.

La Conferencia Nacional de Conservadores reúne anualmente a unas cuarenta personalidades europeas de la extrema derecha y la derecha ultra conservadora como son el francés Eric Zemmour, el euroescéptico británico Nigel Farage, el eurodiputado de la extrema derecha belga de Vlaams Belang, Tom Vandendriessche, o el primer ministro de Hungría, Viktor Orban.

El martes estaban citados para verse en un espacio reservado en el barrio de Saint-Josse, muy cerca del barrio europeo en donde se ubican las instituciones europeas y en donde este miércoles y jueves se celebrará una cumbre de líderes de la UE. Con la reunión ya en curso, Kir dio orden a la Policía de impedir el acto político, aunque los agentes desplegados optaron por impedir la entrada a más participantes pero no actuaron para detener la convención en el interior.

Entre las primeras reacciones, el primer ministro húngaro, cuya intervención está anunciada para este miércoles, condenó en redes sociales la actuación policial y aseguró "no se rendirán". "Supongo que no podían soportar más el discurso libre. La última vez que quisieron silenciarme con la Policía fue en 1988, cuando los comunistas la lanzaron sobre mí", zanjó.

Más tarde, la italiana Meloni reveló haber contactado con De Croo para pedir explicaciones por la prohibición de un acto al que estaban convocados "jefes de gobierno y parlamentarios nacionales y europeos" y agradeció la contundente reacción del mandatario belga ante el "abuso injustificable" contra la libertad de expresión de los asistentes.

En efecto, el primer ministro reaccionó en un breve comunicado difundido en redes sociales para considerar "inaceptable" lo sucedido. "La autonomía municipal es piedra angular de nuestra democracia pero nunca puede anular la Constitución belga que garantiza la libertad de expresión y de reunión pacífica desde 1830. Prohibir las reuniones políticas es inconstitucional. Punto final", remachó.

"Ni en Etterbeek, ni en Bruselas ciudad ni en Saint-Josse es bienvenida la extrema derecha", argumentó, por su parte, Emir Kir, en alusión a los demás distritos que también pusieron trabas a la celebración del evento. En declaraciones posteriores, el edil ha defendido que la prohibición respondió a una evaluación del riesgo de desorden público por parte del organismo competente en Bélgica.