"Urgente: informo al país y a la opinión pública internacional de que se me está notificando en este momento de una inhabilitación por 15 años", ha escrito el gobernador del estado venezolano de Miranda en su cuenta oficial de la red social Twitter.

"El único inhabilitado en este país eres tú Nicolás Maduro, tú y la 'narco' corrupta cúpula que te acompaña", ha espetado, denunciando que "todo forma parte del paquete de autogolpe", al tiempo que ha llamado a la movilización popular.

La Contraloría General ha sancionado esta semana a Capriles con el pago de una multa de diez dólares "por haber reconducido el presupuesto de Miranda", algo que el gobernador estatal interpretó como un intento de "inhabilitación" política.

La institución venezolana, encargada de vigilar a los servidores públicos, investiga además a Capriles por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, epicentro de un escándalo de pago de sobornos para conseguir obras públicas en toda la región.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, ha acusado a Capriles de instigar los disturbios en los que desembocó la marcha opositora celebrada el pasado martes en Caracas para denunciar un "golpe de Estado" por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En este contexto, los dirigentes opositores han expresado su respaldo al gobernador de Miranda. "Derrotemos unidos y ahora la dictadura para que todos los venezolanos recuperemos nuestros derechos", ha escrito en Twitter María Corina Machado.

Capriles es uno de los principales dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Ha sido su candidato presidencial en las últimas elecciones, por lo que su inhabilitación dejaría a la coalición opositora sin una de sus principales bazas de cara a la cita electoral de 2019.

CRISIS INSTITUCIONAL

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la semana pasada que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.

El Parlamento denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.

En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.

El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.

La MUD convoca otra marcha para el sábado

en Caracas para restablecer "el hilo

constitucional"

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha convocado una nueva manifestación en Caracas para este sábado, con el fin de restablecer "el hilo constitucional" en Venezuela, tras el "golpe de Estado" que, según denuncia la coalición opositora, ha dado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional por órdenes del Gobierno de Nicolás Maduro.

La MUD ha subrayado que "no dejará su lucha por lograr que en Venezuela se restablezca el hilo constitucional". Su objetivo es conseguir "respeto para la Asamblea Nacional, abrir un canal de ayuda humanitaria, libertad de los presos políticos y elecciones" presidenciales anticipadas.

Además, ha criticado "la brutal represión" en las dos últimas marchas opositoras en la capital venezolana, que se han saldado con decenas de heridos y detenidos y, en el caso de la celebrada el jueves, con un estudiante universitario muerto por un disparo en el pecho.

La MUD ha advertido de que estas acciones de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana "solo evidencian que en Venezuela existe una dictadura, porque no hay ley alguna que impida a los ciudadanos acudir ante las instituciones para reclamar sus derechos".

CRISIS INSTITUCIONAL

El TSJ ratificó la semana pasada que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.

El Parlamento denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.

En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.

El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.