La Comisión Europea ha confirmado este viernes que también investigará la segunda denuncia remitida por el Gobierno español  para determinar si los rellenos de las autoridades gibraltareñas para ampliar la colonia violan la legislación medioambiental comunitaria como sostiene España.

  "La Comisión Europea puede confirmar que ayer por la tarde recibimos de las autoridades españolas una segunda queja sobre Sandy Bay en los territorios de Gibraltar", ha confirmado a Europa Press el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly.

  "Las autoridades españolas creen que hay una violación de la legislación de la UE en la construcción de rompeolas", ha explicado el portavoz.

  "Hemos recibido esta queja, vamos a tramitarla y a examinarla para ver si hay una violación potencial de la legislación de la UE por las autoridades gibraltareñas", ha precisado el portavoz.

   La Comisión Europea ya se ha comprometido a investigar si los 70 bloques de hormigón lanzados por las autoridades gibraltareñas en la Bahía de Algeciras para crear un arrecife artificial impidiendo la pesca en la zona de la flota española cumple o no la legislación comunitaria en materia medioambiental a raíz de la denuncia del Gobierno español y ha avanzado que si no la cumple podría abrir un expediente sancionador contra Reino Unido.

   Bailly ha dejado claro que "cada queja es diferente" y como tal se tratará "de forma separada" porque "tienen que examinarse caso por caso" y ha rechazado dar un plazo sobre el tiempo en que el Ejecutivo comunitario podría tomar una decisión.

  "No tenemos un plazo legal vinculante para nosotros", ha aclarado el portavoz, que ha recordado que "la mayor parte del tiempo" el Ejecutivo comunitario reclama "información adicional a los Estados miembros"  cuando recibe quejas.  "Pero necesitamos tiempo para examinarlas cada una por separado", ha zanjado.

  Al Ejecutivo comunitario no le consta que el Gobierno británico haya remitido todavía sus argumentos justificando el lanzamiento de los bloques de hormigón y los rellenos.

   Bailly ha confirmado que "por el momento" no hay fecha para la misión de expertos que enviará a la frontera para comprobar los controles en la Verja denunciados por las autoridades gibraltareñas y el movimiento de personas y bienes, incluido el contrabando.

   El Gobierno español ha aportado en su última denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y la Comisión Europea pruebas obtenidas por la Guardia Civil de los trabajos realizados por las autoridades de Gibraltar para ampliar el terreno de la colonia, ganándoselo al mar, una actividad que el Ejecutivo considera que puede ser constitutiva de una "infracción grave" de la legislación medioambiental.

   En un informe adjuntado a la denuncia, que ya ha sido comunicada a la Secretaría General de la Comisión Europea, el Instituto armado muestra el estado de las dos zonas del este de la colonia donde se han realizado vertidos de rellenos de arena y piedras sobre el mar.

   La Guardia Civil explica que los trabajos en este área, situado entre Eastern Beach y Catalan Bay, comenzaron a principios de 2011 y todavía continúan haciéndose rellenos para la construcción de un dique que, según alegan las autoridades gibraltareñas, pretende mitigar las embestidas del mar y nivelar el suelo, que "alcanza ya una altura de más de 15 metros en relación al nivel del mar", con una superficie total que se desconoce con exactitud.

   El documento también denuncia que el pasado 29 de mayo se detectó que en otra zona de la costa este, en la playa de Sandy Bay, una barcaza realizaba rellenos de piedra y arena. Semanas después, el pasado 14 de agosto, se observó que seguían las obras en este lugar.

   En concreto, una "observación minuciosa" permitió concluir que se estaban construyendo dos espigones, uno a cada lado de la playa. Aunque no se ha confirmado cuál es el destino final, la Guardia Civil apunta que "todo parece indicar que es para proteger de la embestida del oleaje a la playa y a la urbanización" que se encuentra situada frente a dicha playa.

   El Gobierno considera que estos espigones pueden constituir "una flagrante violación de la normativa medioambiental", recogida en el artículo 325 del Código Penal, y que es competencia de los juzgados y tribunales españoles, por llevarse a cabo en un entorno marino que forma parte de su territorio.