Esta "cláusula anti-abuso" uniforme permitirá que los Estados miembros obliguen a las empresas a tributar de acuerdo con sus "actividades económicas reales" en su territorio e impidan "cualquier montaje artificial con el que se pretenda eludir" impuestos, según ha explicado el comisario de Fiscalidad, Algirdas Semeta.

   De lo que se trata es de acabar con las prácticas de "planificación fiscal agresiva" por parte de las multinacionales, que según Bruselas respetan la legislación pero se aprovechan de "tecnicismos y lagunas" para "evitar el pago de lo que equitativamente les corresponde".   

 "La idea es que los impuestos deben pagarse en el país donde se produce la actividad económica real", ha explicado el comisario. "Ahora, algunos beneficios se redirigen a otros Estados miembros de forma artificial, sin ninguna base económica", ha señalado.  

  Semeta ha eludido criticar el bajo impuesto de sociedades que aplica Irlanda porque "por sí solo" no constituye una práctica fiscal perjudicial, pero sí que ha atacado a Luxemburgo y Austria por bloquear un acuerdo antifraude con Suiza y aplicar el IVA reducido a los libros electrónicos en el caso de Luxemburgo, en beneficio de Amazon.

   "Cada año se pierde 1 billón de euros debido al fraude y la evasión fiscal en la UE. Estamos hablado de 2.000 euros por ciudadano. Se trata de una pérdida escandalosa de dinero público particularmente en estos momentos económicos y de un ataque al principio fundamental de justicia", ha denunciado el comisario de Fiscalidad.

COMPETENCIA FISCAL PERNICIOSA  

  El Ejecutivo comunitario pide además a los Gobiernos que eviten la competencia fiscal perjudicial entre ellos. Para ello propone reforzar el existente código de conducta de la UE de fiscalidad de las empresas y extenderlo también a las personas con rentas más altas.

   "Es perfectamente aceptable que los Estados miembros luchen por tener un sistema fiscal competitivo, siempre que lo hagan de forma abierta y justa. Los problemas se plantean sólo cuando los regímenes fiscales se diseñan artificialmente para robar bases imponibles o fomentar la planificación fiscal agresiva", ha dicho Semeta sin acusar a ningún países.

   La tercera medida que propone Bruselas para combatir el fraude fiscal es elaborar una lista negra propia de "paraísos fiscales" que vaya más allá de la existente en la OCDE. De esta forma se facilitaría la adopción de medidas de represalia de la UE contra las "jurisdicciones no cooperativas" en materia fiscal.

   La Comisión plantea finalmente otras iniciativas como la adopción del un código del contribuyente, la creación de un número de identificación fiscal de la UE y el establecimiento de directrices comunes para rastrear flujos de dinero.