La investigación, ha subrayado el Ejecutivo comunitario, "no pone en duda la exactitud de las estadísticas de España en su conjunto".

Se trata de la primera vez que Bruselas utiliza sus nuevos poderes para investigar una posible manipulación estadística en un Estado miembro de la UE. De confirmarse, el Ejecutivo comunitario podría imponer sanciones de hasta el 0,2% del PIB español. Sin embargo, es improbable que en este caso se llegue a la multa máxima porque las irregularidades sólo afectan a una comunidad autónoma y a una categoría de gasto.

"El foco de la investigación es únicamente la región de Valencia por no informar sobre determinados gastos sanitarios durante muchos años e incumplir las reglas de la UE sobre información estadística", ha dicho la portavoz responsable de Eurostat, Emer Traynor, que ha asegurado que las autoridades españolas han "cooperado" estrechamente con la oficina estadística comunitaria.

"Creemos que se trata de un problema que data de hace mucho tiempo en la región de Valencia, pero la investigación examinará exactamente durante cuánto tiempo se ha producido esto y cuál es la cadena de responsabilidad", ha explicado la portavoz. Las irregularidades se remontan a alrededor de 20 años y sólo se corrigieron a partir de 2012, cuando Eurostat detectó el problema.

La investigación examinará, según Bruselas, "si la declaración errónea, de forma deliberada o por negligencia grave, de los gastos realizados en esa comunidad autónoma tergiversó los datos nacionales de déficit y de deuda de España a lo largo de varios años".

La posible manipulación de las estadísticas en la Comunidad Valenciana salió a la luz en mayo de 2012, en plena crisis de deuda, cuando España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en un 0,4 % del PIB respecto a la cifra notificada a efectos del procedimiento de déficit excesivo unas semanas antes.

Ello se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en las comunidades autónomas de Valencia y Madrid. Eurostat procedió a efectuar inmediatamente inspecciones de carácter técnico en España para determinar la naturaleza del problema. Durante esas inspecciones, Eurostat consideró que el asunto de Madrid podría considerarse un ajuste excepcional.

En cambio, el asunto de Valencia dio motivos de preocupación. "Resultó que la Intervención General de la Generalidad Valenciana (IGGV) había enviado sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales a lo largo de muchos años. Además de no haber notificado considerables gastos sanitarios, la IGGV no había respetado el principio de devengo previstos por los reglamentos a nivel nacional y de la UE", señala la Comisión.

A esto se añade, según Bruselas, que "se hizo caso omiso, al parecer, de los informes del Tribunal de Cuentas autonómico y de las observaciones de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana que habían identificado estos problemas".

A raíz de estas inspecciones, Eurostat publicó un informe con recomendaciones detalladas para garantizar la calidad de la información estadística facilitada por las autoridades autonómicas y locales. Eurostat ha colaborado con las autoridades españolas en la aplicación de estas recomendaciones y sigue estando muy atento a la situación. La corrección del déficit de las administraciones públicas españolas se recogió en la notificación del procedimiento de déficit excesivo de octubre de 2012.

"Es importante destacar que Eurostat siempre ha publicado sin reservas los datos españoles", resalta el Ejecutivo comunitario.

En septiembre de 2013, Eurostat efectuó una inspección en España con el fin de confirmar sus conclusiones relativas a la notificación incorrecta de la Comunidad Valenciana. Basándose en estas inspecciones y en el análisis ulterior de la situación, Eurostat recomendó a la Comisión que abriera una investigación sobre la tergiversación de los datos del procedimiento de déficit excesivo en España.