"En el actual contexto geopolítico extraordinario, Rusia nos recuerda que el Estado de derecho es un pilar para la democracia (...). Y solo podremos ser creíbles si nuestra casa está en orden", ha advertido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Estado de derecho, Vera Jourova, al presentar el tercer informe anual sobre la salud democrática de los Estados miembro.

Por primera vez, este examen incluye recomendaciones específicas por países con las que Bruselas quiere "animar" a los Estados miembro a emprender las reformas necesarias en sus respectivos sistemas y ayudarles a identificar "ahí donde es necesario mejorar".

Sin embargo, se trata de una guía no vinculante sobre la que los servicios comunitarios volverán a analizar un año después si las recomendaciones han sido tenidas en cuenta en ese plazo.

"Queremos ayudar a centrar el debate y apoyar a los Estados miembro en sus esfuerzos de reformas, seguimos en el espíritu preventivo de este ejercicio", ha concedido Jourova, para explicar por qué este proceso no implica medidas ni sanciones por parte de Bruselas, que considera que hay otros mecanismos para actuar, como los procedimientos de infracción o la condicionalidad de los fondos de la UE.

En el caso de Polonia, Bruselas ya inició el procedimiento del artículo 7 de los Tratados para actuar ante amenazas graves al Estado de derecho y además le retiene fondos comunitarios desde principios de año por el impago de una multa de medio millón de euros diarios impuesta por la Justicia europea por el incumplimiento de una sentencia previa.

También tiene pendiente el pago de las ayudas solicitadas al fondo de recuperación europeo cuya tramitación ha desbloqueado el Ejecutivo comunitario al dar su visto bueno al plan de reformas e inversiones de Varsovia, pero cuyo desembolso sigue paralizado a la espera de una reforma que desmantele un controvertido régimen disciplinario para los jueces del Tribunal Supremo polaco.

En su evaluación, los servicios comunitarios recuerdan que siguen pendientes todas estas medidas pero añade otras recomendaciones para proteger el Estado de derecho en Polonia, incluida la separación de las funciones del ministro de Justicia y del Fiscal General y garantías de independencia de la Fiscalía respecto del Gobierno.

También critica el alcance de las inmunidades para altos cargos que complican el seguimiento de casos de corrupción de alto nivel y reclama mayor transparencia y procedimientos no discriminatorios en la concesión de licencias a medios.

Sobre Hungría, el Ejecutivo comunitario lamenta que el Gobierno de Viktor Orban no ponga en marcha las reformas que le reclaman desde la Unión Europea para salvaguardar el Estado de derecho y proteger la independencia del sistema judicial del país, entre otras preocupaciones.

Así, por ejemplo, apremia a Budapest a reforzar el Consejo Judicial Nacional sin afectar a su independencia, introducir mecanismos que protejan la independencia del regulador que supervisa los medios y contar con un seguimiento "robusto" de los casos de corrupción de alto nivel.