Malcorra ha explicado en declaraciones a la prensa, recogidas por el Ministerio de Exteriores, que en la reunión de urgencia de los cancilleres de MERCOSUR que se celebró el pasado sábado se decidió activar el Protocolo de Ushuaia, que contempla una serie de medidas, que incluyen sanciones de todo tipo e incluso la suspensión como miembro, en el caso de que se produzca una ruptura del orden constitucional y democrático.

"El MERCOSUR aplicó la cláusula democrática", ha dicho Malcorra, al tiempo que ha explicado que esto significa que debe realizarse "una consulta interna entre las partes, luego una consulta con el Estado involucrado y, si las cosas no avanzan en el sentido de resolver los temas en cuestión, todo eso lleva a eventualmente a tomar una decisión".

A este respecto, la jefa de la diplomacia argentina ha querido dejar claro que, aunque "hay quienes creen que la aplicación de la cláusula democrática del MERCOSUR implica automáticamente la expulsión" del país en cuestión, "no es así". "Hay un error de entendimiento", ha afirmado Malcorra.

Así, los cancilleres de MERCOSUR han decidido "avanzar con todas las partes de Venezuela para entender primero el estado de la situación y para ayudar a resolver los temas esenciales: cronograma electoral, separación de poderes y presos políticos", tras lo cual se determinarán las relaciones del bloque con Caracas.

Ya a título de ministra de Exteriores de Argentina, Malcorra ha considerado que el hecho de que el TSJ haya accedido a revocar sus fallos por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro, evidencia "no solamente una injerencia del Poder Judicial sobre el Legislativo, sino que comprobó la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, lo cual es la prueba evidente de que las instituciones democráticas no están funcionando".

Malcorra ha revelado que el presidente argentino, Mauricio Macri, está "muy preocupado por la situación de Venezuela", "ha dado instrucciones de avanzar" en el marco del Protocolo de Ushuaia. La ministra ha avanzado que, como presidenta temporal de MERCOSUR, se encargará de representar la postura del grupo económico en la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Consejo Permanente de la OEA tiene previsto celebrar este lunes otra reunión extraordinaria a petición de Canadá para evaluar la situación en Venezuela y activar la Carta Democrática Interamericana, que contempla también la posibilidad de suspender a un Estado miembro por ruptura del orden constitucional.

CRISIS INSTITUCIONAL

El TSJ ratificó la semana pasada que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.

El Parlamento, controlado por la oposición venezolana, denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Nicolás Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la OEA expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.

En un principio, el Gobierno de Maduro se limitó a emitir un comunicado en el que denuncia una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.

El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.

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