En la crisis de Pescanova, el expresidente de Banesto y de Unión Fenosa ha formado parte del bloque crítico del consejo con la gestión del presidente de la firma, Manuel Fernández de Sousa, y con las decisiones adoptadas, entre ellas la solicitud del concurso y la revocación del auditor BDO, según señalaron a Europa Press en fuentes próximas al máximo organo de dirección de la gallega.

   Dicho bloque estaría integrado además por José Carceller, en representación de Damm, con una participación del 6,2% en la firma gallega, Francois Tesch, en representación del fondo belga Luxempart (5,837%), José Antonio Pérez Nievas (Iberfomento), con un 3,39% de la compañía. A ellos se sumaría además el consejero dominical Yago Méndez Pascual.   

    Asimismo, el nombre de Basagoiti, vinculado a la firma desde junio de 1996, llegó a barajarse entre los bancos acreedores para liderar la interlocución con las entidades en la renegociación de su deuda desde una figura similar a un consejero delegado.  

  En concreto, Basagoiti ocupaba el cargo de consejero independiente en la firma gallega, en la que ostenta una participación del 0,006%, equivalente a 1.650 acciones, valoradas actualmente en cerca de 10.000 euros, teniendo en cuenta el precio al que se situaban cuando su cotización fue suspendida por la CNMV el pasado 12 de marzo, 5,91 euros por acción.  

  Once días antes, la participación de Basagoiti tenía un valor tres veces superior (28.710 euros), ya que los títulos de la gallega cotizaban el 1 de marzo, fecha en la que anunció la solicitud de preconcurso, a un precio de 17,4 euros.    

  La decisión de Basagoiti, que también presidía la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en Pescanova, se produce un día después de que la firma haya presentado un recurso de reposición ante el Juzgado número 1 de Pontevedra contra el auto por el que se apartaba de la gestión de la compañía al consejo de administración, al entender que no valora adecuadamente las "gravísimas consecuencias" que se derivarían de esta decisión.

   La firma, cuya deuda está cercana a los 3.500 millones de euros, cree que esta decisión interferirá en la continuidad de la actividad empresarial de Pescanova "haciendo imposible su viabilidad" y abocándola a la segura liquidación.   

 Asimismo, la empresa considera que el régimen de intervención, que favorece la continuidad de las actividades del deudor, es el que podría asegurar su continuidad, "sin perjuicio de que la misma se quedara no solo sujeta a la administración concursal, sino también a la supervisión de la CNMV, y a la intervención del auditor forense que voluntariamente la empresa designó".