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Para la organización, la permanencia de Ortega como presidente nicaragüense supondría una prolongación de las "graves violaciones de los Derechos Humanos cometidos bajo su mandato".

En un comunicado, la directora de AI para las Américas, Erika Guevara, ha aseverado que mientras se anuncia su candidatura "miles de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos siguen esperando justicia por los crímenes cometidos por las autoridades bajo su Gobierno".

Las elecciones, previstas para el 7 de noviembre, tendrán lugar mientras el país atraviesa una grave crisis humanitaria que se remonta a abril de 2018 y se ha ido recrudeciendo durante los últimos meses.

"Mantener las estructuras que han asegurado la impunidad no puede ser la base para la construcción del futuro del país", ha lamentado Guevara, que ha indicado que "para salir de la crisis se necesita que las violaciones de los Derechos Humanos se detengan" y los responsables sean llevados ante la Justicia.

En 2018, el informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua determinó que las autoridades nicaragüenses cometieron crímenes de lesa humanidad. Asimismo, señaló que existen elementos muestran que estos crímenes cometidos fueron "tolerados, alentados u ordenados por las máximas autoridades, incluyendo al presidente del país, quien además ejerce como Jefe Supremo de la Policía Nacional, rango más alto del mando institucional".

"Actualmente ninguna persona acusada de cometer estos crímenes está siendo investigada. Al contrario, Daniel Ortega se erige nuevamente como candidato a la presidencia, en cuyo cargo será inmune a cualquier investigación en su contra," ha denunciado Guevara.

En este sentido, ha recalcado que cualquier estado que "tenga bajo su jurisdicción una persona acusada de estos graves hechos debe hacerla comparecer ante la Justicia". Así, ha matizado que la comunidad internacional "no puede quedarse cruzada de brazos si algún individuo sospechoso de la comisión de estos crímenes está en su territorio".

Durante los últimos meses, las fuerzas de seguridad han detenido a una veintena de personas, entre ellas seis precandidatos a la presidencia, líderes estudiantiles, activistas, representantes campesinos y otras figuras de relevancia.

Para Amnistía, esto deja claro "que el camino hacia las elecciones estará plagado de acciones represivas implementadas para imposibilitar que la población pueda ejercer sus derechos políticos sin temor a represalias".

En este sentido, la organización ha advertido del "hostigamiento a las personas defensoras de Derechos Humanos, periodistas y medios de comunicación". "Como consecuencia, (...) miles de personas se han visto obligadas a salir del país para resguardar su libertad e integridad, sumándose a las más de 100.000 personas que ya tuvieron que salir del país para proteger su vida", señala el documento.

La ONG ha destacado a su vez que, no obstante, los próximos comicios constituyen "una oportunidad para enfrentar el legado de impunidad e iniciar un proceso donde el pueblo nicaragüense pueda tener acceso a la justicia, la verdad y la reparación"

ticia