El informe 'Desvanecido de la faz de la tierra: civiles secuestrados en Libia' recoge que más de 600 personas han desaparecido desde 2014, según la Sociedad de la Media Luna Roja Libia. Además, se desconoce el paradero de al menos 378 personas.

   Amnistía ha pedido a los grupos armados que rompan la actual dinámica de violencia y se comprometan públicamente a terminar con los secuestros y la tortura. En este sentido, ha recordado que el derecho internacional humanitario prohíbe la toma de rehenes civiles y que este tipo de abusos pueden constituir crímenes de guerra.

   El director en funciones del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el Norte de África, Said Boumedouha, ha subrayado que la población vive "en el filo de la navaja", en un país donde cientos de civiles son secuestrados "a capricho" o por su supuesta colaboración con grupos rivales.

   "Los secuestros sistemáticos agravan el caos y el desgobierno generalizados mientras los grupos armados endurecen su férreo control", ha lamentado Boumedouha. Muchas de las víctimas terminan convertidas en moneda de cambio de otros prisioneros o en instrumento para obtener el pago de un rescate.

IMPUNIDAD GENERALIZADA

   Libia, sin una autoridad central capaz de hacer cumplir la ley y con un sistema judicial en precario, ha gestado en los últimos cuatro años un ambiente de impunidad en el que los responsables de secuestros esquivan la teórica rendición de cuentas.

   Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a aumentar su apoyo al Tribunal Penal Internacional (TPI) para que investigue los crímenes de guerra y contra la humanidad que se estarían cometiendo. Por el momento, la Fiscalía de la corte no ha abierto ninguna investigación por los crímenes cometidos por grupos armados desde 2011.

   Las víctimas de secuestros son a menudo sometidas a tortura y otros malos tratos como descargas eléctricas, golpes o vejaciones. Los abusos han concluido en algunos casos con la muerte del rehén, bien sea por que no sobrevive a los malos tratos o porque sus captores optan por ejecutarlo de forma sumaria.

VÍCTIMAS

   Entre los secuestrados figuran activistas, cargos públicos y otros civiles, así como trabajadores inmigrantes o el personal de las misiones diplomáticas extranjeras --cada vez más escasas por la violencia en que vive Libia desde la caída del régimen de Muamar Gadafi--.

   Amnistía Internacional ha citado entre las víctimas a Suleiman Zobi, ex miembro del Congreso Nacional General; el fiscal Nasser al Jaroushi, que investigó el asesinato de una activista y de grupos narcotraficantes; y el bloguero Abdel Moez Banoun, secuestrado tras denunciar la presencia de milicianos en Trípoli.

   La ONG ha incluido, además, los casos de Mohamed al Tahrir Aziz, Mohamed al Munsaf al Shalali y Waleed Ramadan Shalhoub, tres trabajadores de ayuda humanitaria que fueron raptados el 5 de junio. Estos hombres se dirigían a varias localidades afectadas por los combates en el suroeste de Libia para entregar provisiones.