La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha subrayado este jueves que las operaciones de las fuerzas de seguridad turcas en el sureste del país, en el marco de su lucha contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), "equivalen a un castigo colectivo".

   En su comunicado, la ONG ha recordado que las operaciones incluyen toques de queda de 24 horas y cortes en los suministros, poniendo en peligro la vida de alrededor de 200.000 personas.

   Según sus investigaciones en lugares sometidos al toque de queda y las informaciones de residentes de zonas inaccesibles a observadores, las "medidas duras y arbitrarias" de las autoridades han provocado "dificultades extremas" en estos lugares.

   En este sentido, ha recalcado que "numerosos informes indican que las fuerzas de seguridad impiden la entrada de ambulancias en zonas sometidas al toque de queda y que se atienda a las personas enfermas".

   "Los cortes de los suministros de agua y electricidad, combinados con los peligros para acceder bajo el fuego a alimentos y atención médica, están teniendo un efecto devastador en los residentes, y es probable que la situación empeore rápidamente si no se hace algo", ha dicho John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

   "Hay zonas en las que hace más de un mes que está en vigor un toque de queda paralizante que impide que la gente salga de su casa y somete a barrios enteros a un asedio de hecho. Es imprescindible que las autoridades turcas garanticen que las personas residentes afectadas tengan acceso a alimentos y a servicios esenciales", ha agregado.

   Un hombre relató a AI que un familiar suyo residente en Salopi murió en su vivienda y su familia tuvo que esperar doce días con el cadáver en descomposición hasta que se permitió que lo sacaran para proceder al entierro.

   Según los informes, más de 150 personas han muerto --entre ellas niños y ancianos-- en las zonas sometidas al toque de queda mientras las fuerzas estatales combaten contra el Movimiento de las Juventudes Revolucionarias Patrióticas (YDG-H), la sección juvenil del PKK.

ATAQUES INDISCRIMINADOS Y USO DE ARMAMENTO

PESADO

   AI ha criticado además el atentado perpetrado por el PKK frente a la jefatura de Policía de Cinar, en la provincia de Diyarbakir, que se saldó con la muerte de un agente y cinco civiles, afirmando que "fue claramente un ataque indiscriminado".

   Asimismo, ha manifestado que "las operaciones de la Policía y el Ejército en zonas residenciales vienen caracterizándose por el uso de armamento pesado y de francotiradores", agregando que "ponen en peligro la vida de residentes corrientes que no representan ninguna amenaza".

   "Al mismo tiempo que pueden adoptar medidas legítimas para garantizar la seguridad y detener a sospechosos, las autoridades turcas deben cumplir sus obligaciones en materia de Derechos Humanos", ha dicho Dalhuisen.

   "Las operaciones que se están llevando a cabo actualmente bajo toques de queda permanentes ponen en peligro la vida de decenas de miles de personas y están empezando a parecer un castigo colectivo", ha añadido.

AUSENCIA DE OBSERVADORES INDEPENDIENTES

   Por último, AI ha lamentado que las autoridades turcas han impedido la entrada de observadores independientes a las zonas sometidas al toque de queda, subrayando que "esto dificulta hacerse una idea precisa de lo que está ocurriendo".

   "Aunque las autoridades turcas parecen resueltas a silenciar las críticas internas, han afrontado muy pocas de la comunidad internacional", ha valorado Dalhuisen.

   "Las consideraciones estratégicas relacionadas con el conflicto de Siria y los esfuerzos resueltos para obtener la ayuda de Turquía a fin de detener la entrada de personas refugiadas en Europa no deben eclipsar las denuncias de violaciones graves de Derechos Humanos. La comunidad internacional no debe mirar hacia otro lado", ha remachado.