En su informe 'Silencio a la fuerza: detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela', la ONG proporciona nuevos datos sobre "una serie de medidas ilegales tomadas por las autoridades venezolanas para reprimir la libertad de expresión" en el país.

AI ha afirmado que "las autoridades venezolanas utilizan el sistema de justicia para intensificar ilegalmente la persecución y sanción de quienes piensan de manera distinta a ellas", aumentando con ello la "caza de brujas de disidentes en medio de la crisis política".

Entre dichas medidas destacan "detenciones practicadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) sin orden judicial, procesamientos de activistas pacíficos por delitos contra la patria y uso injustificado de la prisión preventiva y de campañas de difamación en los medios de comunicación contra la oposición".

La organización humanitaria ha explicado que "en la mayoría de los casos se imputa a las personas detenidas graves delitos --como traición a la patria, terrorismo o sustracción de efectos militares o rebelión-- que permiten ordenar su prisión preventiva aunque no haya pruebas admisibles suficientes para fundamentar los cargos".

Además, "este tipo de delitos corresponden a jurisdicciones especiales, como la militar, que carecen de independencia, raras veces son imparciales y no deben enjuiciar a civiles".

Para ilustrarlo, AI ha recordado los casos de Gilber Caro y Steicy Escalona, dirigentes opositores que fueron detenidos el 11 de enero junto a dos miembros de su familia por miembros del SEBIN tras cruzar un peaje a su vuelta a la capital venezolana.

El vicepresidente acusó a Caro de estar implicado en actividades terroristas y éste quedó recluido en una cárcel sin que hasta fecha de marzo de 2017 haya sido presentado ante un tribunal para determinar la legalidad de su situación. Escalona, fue acusada de rebelión y sustracción de efectos militares en una corte castrense.

"Los casos de Gilber y Steicy ilustran algunas de las numerosas estrategias que emplean las autoridades venezolanas para intentar silenciar la oposición en un contexto de crecientes protestas en todo el país", ha considerado Amnistía Internacional.

RIESGO DE TORTURA

La ONG también ha documentado casos de detenidos a quienes se les ha restringido el contacto con sus abogados y sus familias, "lo que hace que corran un gran riesgo de sufrir graves violaciones de los Derechos Humanos, en especial tortura y otros malos tratos".

Yon Goicochea, líder estudiantil y actual dirigente del partido opositor Voluntad Popular, fue detenido el 29 de agosto de 2016 por "individuos no identificados que conducían una camioneta sin matrícula, según las personas que presenciaron los hechos".

Su captura fue confirmada por un alto cargo del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que manifestó que lo habían detenido por llevar explosivos con intención, presuntamente, de utilizarlos en una manifestación de la oposición el 1 de septiembre".

Goicochea "estuvo en paradero desconocido desde el momento de su detención hasta que se supo que se hallaba recluido en el centro del SEBIN de El Helicoide, en Caracas", unas 13 horas, y estuvo retenido en régimen de incomunicación hasta el 2 de septiembre".

"Desde el 20 de octubre de 2016, se reconoce por fallo judicial que se cumplen todos los requisitos necesarios para dejarlo en libertad, dado que la Fiscalía no ha encontrado pruebas suficientes para presentar cargos contra él. Sin embargo, continúa bajo custodia del SEBIN", ha criticado AI.

CAMPAÑA 'ON LINE'

En este contexto, la ONG ha lanzado a través de su centro de activismo 'on line' www.actuaconamnistia.org una campaña de recogida de firmas para "exigir libertad y justicia para los disidentes políticos en Venezuela".

"En Venezuela no se permite la disidencia", ha sostenido la directora para las Américas de AI, Erika Guevara. "No parece que haya límite para las innumerables tácticas legales que las autoridades están dispuestas a aplicar con objeto de sancionar a quienes expresan opiniones que difieren de la postura oficial del Gobierno", ha lamentado.

Guevara ha considerado que, "en vez de obsesionarse con silenciar las opiniones disidentes, las autoridades venezolanas deben centrarse en buscar soluciones prácticas y duraderas a la grave crisis que afronta el país."

"El hecho de que en Venezuela haya personas detenidas sin que se hayan presentado oficialmente cargos contra ellas demuestra la situación desesperada de los Derechos Humanos en el país", ha afirmado.

Ya son 16 los muertos por las protestas

opositoras en Venezuela

La Fiscalía General de Venezuela ha anunciado la muerte de un joven de 22 años en los enfrentamientos que se desataron en la marcha opositora celebrada el lunes en la ciudad venezolana de Valencia, lo que eleva a 16 el número total de fallecidos por la actual crisis política.

La víctima es Christian Humberto Ochoa Soriano que, según el Ministerio Público, "salió de su residencia en la parroquia Miguel Peña cuando un grupo de personas se encontraba manifestando en las adyacencias del lugar". "El joven resultó herido por varios disparos por lo que inmediatamente fue trasladado a la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera, sitio en el que luego perdió la vida", ha señalado.

El departamento que dirige Luisa Ortega Díaz ha designado a la fiscal 35º y a la fiscal auxiliar de Carabobo, Anny Camejo y Joana Moreno, respectivamente, para investigar los hechos "a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes".

La muerte de Ochoa Soriano eleva a 16 los muertos por la violencia en las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, entre las que la Fiscalía cuenta a los once fallecidos en los saqueos registrados la semana pasada en El Valle, lo que arrojaría un saldo de 27 víctimas mortales.

Además, la fiscal general informó el martes en una comparecencia pública de que un total de 1.289 han sido detenidas desde el pasado 4 de abril, cuando comenzaron las movilizaciones populares, aunque solo siguen 65 privadas de libertad.

CRISIS EN VENEZUELA

La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.

El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en sendas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.

Desde entonces la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y con grupos de civiles que el Gobierno y la coalición opositora se acusan mutuamente de armar.