De hecho, el sindicato defiende que en todo momento al menos la mitad de la plantilla estuvo dispuesta a trabajar de la forma habitual, garantizando más de la mitad de los desplazamientos e incluso en el caso de Madrid o Canarias con porcentajes muy superiores en la operativa.  

  En concreto, la declaración de rate 0 --que fija el cierre de un espacio aéreo-- fue designado por Aena a las 17.38 horas en Madrid cuando sólo dos controladores habían aducido circunstancias médicas para no controlar y a las 18.05 (hora local de Madrid) en Canarias cuando aún había cinco sectores abiertos --de los seis habituales--, que garantizaban la casi plena operativa interinsular (posiblemente con retrasos) y la internacional que no pasara por otros centros de control aéreo español, como los vuelos del continente africano y América, tanto Norte como Sur.  

  Aena se habría anticipado, de esta forma, al problema real e incluso no habría iniciado ningún protocolo para la sustitución de aquellos controladores que habían comenzado a acogerse al artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea que les insta a no ejercer la labor de control aéreo si consideran mermadas sus capacidades, según explicaron las mismas fuentes.

   El artículo en concreto obliga y permite a los controladores, literalmente y según consta en el articulado de la Ley, a "abstenerse de ejercer dichas funciones y de realizar tales actividades [de control aéreo] en caso de disminución de la capacidad física o psíquica requerida".

   Siempre según las mismas fuentes, Aena no realizó ninguna gestión para reorganizar la reducción del número de controladores antes de declarar el cierre del espacio aéreo, de forma que no llamó a los controladores de guardia ese día --los llamados imaginarias-- ni a controladores en días libres o de vacaciones para que hicieran horas extra, ni tampoco a los que habitualmente realizan tareas administrativas y que mantienen la capacitación para controlar aviones.  

  Por ello, USCA considera que la acción de Aena y del Ministerio de Fomento fue algo "premeditado" y que tenía como finalidad poner a la opinión pública en contra de los controladores cuando era incierto que el cierre del espacio aéreo estuviera motivado por la ausencia de controladores de sus puestos de trabajo.  

  Este argumento, junto con las tablas correspondientes que han elaborado al respecto, es parte del argumentario que USCA usará ante el Tribunal Supremo para defender su postura, después de que el tribunal de última instancia les diera un plazo de 10 días para presentar documentación el pasado 15 de diciembre.