Los políticos ignoran a las personas honestas que cumplen con sus obligaciones, pagan sus impuestos y acatan las leyes. Por el contrario temen a los alborotadores, a los insumisos, a los que se rebelan y a los que hacen barricadas y se enfrentan con la policía. A todos estos tratan de calmarlos concediéndoles todo o parte de sus reivindicaciones, independientemente del sentir del resto de los ciudadanos y de lo expresado en las urnas.

Si trabajas en una empresa pequeña y ésta cierra, o te despiden  por ajustes de personal, te ves en la calle y tienes que ponerte a buscar otro trabajo, sin que nadie te ampare. Pero si la empresa es grande y los despedidos cortan las carreteras,  queman contenedores y rompen cajeros automáticos, entonces los sindicatos intervienen, se busca la mediación de las autoridades y tratan de conseguir prejubilaciones y recolocación en otras empresas; el tema es portada en los periódicos y todo es visto como algo muy normal. Sin embargo esto es una clara injusticia con relación a los trabajadores despedidos de empresas pequeñas o de empresas grandes que no recurran a la violencia. En este contexto, se podría afirmar que es bueno ser malo y es malo ser bueno.

Nuestra Constitución puede ser modificada de forma pacífica a través de la actividad parlamentaria, pero por esta vía las aspiraciones de los independentistas tienen muy pocas posibilidades de salir adelante. En cambio, si actúan con maldad, enfrentándose contra las leyes vigentes, contra las resoluciones judiciales, contra la policía y contra el resto de los ciudadanos, las cosas les empiezan a ir bien y consiguen convencer, al menos parcialmente, a la mayoría de los que viven de la política.

No salgo de mi asombro viendo a nuestros políticos muy preocupados, porque dicen que hay dos millones de catalanes que no se sienten cómodos con nuestra Constitución y, en consecuencia, están dispuestos a complacerles, de alguna manera, reformándola para que sus aspiraciones encajen mejor. ¿Y qué hay de los demás? Del resto de ciudadanos que no quieren esas reformas o desean otras diferentes y no salen a la calle a alborotar. Si nos creemos la encuestas, hay, aproximadamente, unos diez millones de votantes que nos gustaría que se reformara la Constitución pero en sentido contrario a las aspiraciones independentistas, para que se limiten las competencias de las autonomías. Diez millones son más que dos y, en un sistema democrático, se nos debería hacer más caso. Pues no; somos ignorados porque somos buenos, pacíficos y  ciudadanos ejemplares. Es lo malo de ser buenos.