Viernes, 29 de marzo de 2024

LA VORACIDAD DE LOS POLITICOS SE ESCONDE BAJO EL BIEN COMUN

Hacienda un ogro que nos devora

Puede parecer excesiva esta afirmación, siempre se dice que es imprescindible pagar impuestos -aunque sea poco grato- para tener los servicios que consideramos imprescindibles en un estado de bienestar como se supone que es el Español. Esto sería verdad si no concurrieran una serie de circunstancias que vuelven radicalmente falsa dicha aseveración.

La primera de ellas es la rampante corrupción  que nos asola y que es de unas proporciones tan colosales que no deja lugar para que los dineros que aportamos al ministerio de Hacienda vayan a otro lugar que no sea los bolsillos de los que nos gobiernan en cualquier puesto. La corrupción es transversal, frase de moda, afecta a todos los partidos, incluso a los que casi no han tocado poder, como el inefable Podemos, cuyas corruptelas ya son de dominio público, pero también alcanzan a organismos paraestatales como sindicatos de trabajadores y empresarios y otros entes de financiación pública. No obstante el problema no es sólo que roben, -en toda época ha existido corrupción, es algo consustancial al ser humano - cosa del pecado original-, el problema es la proporción en lo que hacen, es obvio que desconocen  la máxima délfica: "nada en demasía". Es normal, la degradación del sistema educativo hace que el mundo clásico solo sea visto como algo desfasado e inservible o como un destino turístico.

Pagamos impuestos aplastantes para luego tener unas pensiones miserables que no llegan ni para pagar el alquiler o la comunidad vecinal y encima la Sanidad cada vez da menos cobertura porque ha comenzado a regirse por una mentalidad mercantilista de manera que ya no considera rentable "invertir", es decir, medicar a enfermos que tienen pocas expectativas de sanar, fundamentalmente las personas entradas en años, que desde el punto de vista económico lo mejor que podrían hacer es morirse por "solidaridad" con los otros usuarios. Esto parece un chascarrillo de humor negro pero esta directiva formulada con términos diferentes y abstrusos a fin de encubrir el horror de su significado está ya planeando sobre la actuación del ministerio de Sanidad y de las consejerías de las CCAA responsables de esta competencia.

La segunda es que nadie debería contribuir con las rentas del trabajo por encima de lo que se queda para sí, salvo de manera voluntaria. Sin embargo durante muchos años la gente trabajaba mas meses para el Estado que para su propia subsistencia, esto se cambió durante el Gobierno Aznar pero la crisis ha reducido tanto los ingresos de la mayoría de la población que pocos se encuadran en este tramo impositivo y entonces ¡Zas! se suben los impuestos de los tramos más bajos, de manera que una vez quitado lo tributable les queda lo justo para subsistir precariamente si tenemos en cuenta que el índice de precios al consumo ha subido considerablemente y en los productos llamados básicos.

La tercera que La Hacienda Pública, -un logro del Estado contemporaneo que con las reformas de los siglos XIX y XX estaba destinada a gestionar el dinero público- resulta que muchos ayuntamientos han derivado la gestión que les había sido confiada a empresas privadas que esquilman al mismo ciudadano al que se supone que representa esa corporación. Resumiendo: hemos vuelto a la Edad Media y al antiguo régimen, cuando los impuestos iban a parar a manos privadas, las famosas alcabalas cuyo nombre les sonará a aquellos que hayan cursado sus estudios de historia antes de entrar en vigor la LOGSE. De modo que hemos retrocedido más de medio milenio por el arte de la magia de nuestros "imaginativos" munícipes que alegando "aligerar" el Estado para hacerlo más eficaz han puesto nuestros dineros  en manos privadas por ellos "elegidas". Lo más cercano a una tomadura de pelo y por este camino "todos calvos".

La cuarta es la doble vara de medir que utilizan todas las entidades hacendísticas para con el contribuyente. Su brutalidad en este terreno roza la tiranía. Desgranaré una serie de ejemplos.

El impuesto de sucesiones, transferido a la competencia autonómica, ha sido eliminado en la práctica en las autonomías gobernadas por el PP que tuvieron que enfrentarse al ministro Montoro  quien quería obligarles a imponer su reposición. Como las otras autonomías en manos del PSOE o de los nacionalistas no los eliminaron sino que los aumentaron esto supone un agravio comparativo entre los integrantes de un mismo estado que debería ser inconstitucional si el tribunal que se encarga de dirimir estas cuestiones no fuera un tribunal político.

Es el impuesto de sucesiones, uno de los más injustos. El Estado en un ejercicio de cinismo e insolidaridad, que cualquier persona calificaría de repugnante, considera que un hijo, un padre, una viuda o viudo son más ricos porque pasan a tener más bienes a su nombre, cuando la realidad es bien distinta, el dinero es de la comunidad de convivencia esté a nombre de quien esté y el heredero no dispone de más recursos sino al contrario ya que ha perdido a uno de los contribuyentes al bienestar familiar, de manera que Hacienda añade dolor al dolor, porque al luto por la pérdida del ser querido hay que añadir el palo impositivo  que le asestan  haciéndole la vida aún más inhóspita. Nada digamos si los que conviven tienen otro grado de parentesco como hermanos, tíos o sobrinos porque en ese caso no se les considera familia sino "relación parental" y Hacienda entra como un bulldozer en sus vidas destruyendo la posibilidad de supervivencia y generando lo que podría calificarse de un Satí incruento.

La valoración de los bienes a heredar se rige por unos varemos que elaboran los funcionarios de las Haciendas al margen de la realidad, y que consisten en una especie de tablas destinadas a subir el valor real de los inmuebles cosa  que la burbuja inmobiliaria ha convertido en una auténtica parodia grotesca que roza la vesanía ya que el valor de los inmuebles se ha desplomado. Esta actuación tiene como consecuencia que las valoraciones estén infladas hasta el ridículo y además que no se pueda recurrir a la venta del bien heredado para hacer frente a la deuda impositiva porque en el caso milagroso que logre venderse su precio será muy inferior al tasado por Hacienda lo cual tiene su repercusión además de en el impuesto de sucesiones en el de trasmisiones. Por algo el número de personas que renuncian a la herencia crece de una manera escandalosa. ¡Ha! pero en el caso de que un contribuyente recurra a garantizar con un inmueble un pago sucesorio la valoración del mismo por parte de Hacienda a estos efectos es inferior a la que efectúa para proceder a la liquidación del impuesto sucesorio sobre el mismo inmueble.

La quinta es el hábito, cada vez más común, de, una vez liquidado, el impuesto bien por sucesión o por trasmisión, de aducir que se ha habido un error en la liquidación y ¡Hala! A pagar un suculento añadido que no se sabe muy bien por qué salvo por la absoluta discrecionalidad con que se permite actuar esta Administración. Otra práctica, al límite de la prescripción y una vez liquidado el impuesto, se cambia la valoración impositiva y se reclama un monto abusivo al que se añade una multa exorbitante -sin ninguna base ya que no se ha encontrado ninguna ocultación o defraudación- y ¡Cómo no! los intereses devengados. Es decir, que si nos equivocamos los ciudadanos pagamos y, si supuestamente se equivocan ellos, pagamos también.

La sexta es esperar al periodo de descuento de la prescripción para reclamar, truquito que aumenta considerablemente los intereses y que también se utiliza dilatando las contestaciones a los recursos administrativos.

La sexta circunstancia o "lindeza" es que cuando se intuye que el contribuyente puede recurrir al tribunal contencioso se le amenaza con subir la multa al doble, es decir no "se cortan" a la hora de amenazar en papel oficial

La séptima es la intención de que los delitos fiscales no prescriban como los de genocidio. La sola equiparación de ambos delitos y el situar el fiscal por encima del asesinato alcanza la desvergüenza mas absoluta que debería entrar en colisión con los derechos humanos. Pero como beneficia a los bolsillos de los que gobiernan, la mayor de las infamias es no sólo posible sino esperable.


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